Salud Mental
La Rioja, primera comunidad que aprueba una ley para reforzar la Salud Mental
La Rioja se ha convertido en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una ley específica de salud mental que tiene como objetivo mejorar la atención y la prevención de los trastornos mentales. Gracias a esta nueva ley, la región pretende establecer unas nuevas ratios que alcancen al menos 18 psiquíatras y 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en los próximos cinco años.
La ley busca proteger el derecho a la salud mental a través de la promoción, prevención, asistencia y rehabilitación de las personas con problemas y discapacidad psicosocial, y sus familias. El nuevo modelo se basará en una visión integradora de calidad que se desarrolle en el ámbito educativo, laboral y social.
La ley, que ha sido impulsada por IU, también contempla el impulso a un nuevo modelo de atención de la salud mental y adicciones comunitario, desde una visión integradora biopsicosocial de calidad que se desarrolle en el ámbito educativo, laboral y social.
La presidenta regional, Concha Andreu, ha reconocido que «es el momento de que, como sociedad, tendamos la mano, con profesionales y programas, a quienes lo estén pasando mal».
Psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras de salud mental
Este impulso se extenderá a programas y actividades de promoción, protección y rehabilitación, detalla la nueva ley, que aboga por garantizar la coordinación de los dispositivos de atención a la salud mental con otras instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la atención comunitaria.
Uno de los aspectos destacados de esta ley es que establece unas ratios mínimas de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100,000 habitantes que deben alcanzarse en los próximos cinco años. Estas ratios mínimas son significativamente más altas que la media nacional y buscan garantizar una atención adecuada a la población con problemas.
La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, destacó que la ley busca evitar la normalización del consumo de medicamentos para tratar las emociones, y recordó que la OMS pronostica que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030.