El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha pedido la intermediación de los consejeros y consejeras de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas para que se agilice la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente por los beneficios, no solo sanitarios y sociales, sino también económicos, que tendrá su puesta en marcha para el conjunto del sistema sanitario.
Tras dirigirse ya por carta al presidente del Gobierno, la ministra de Sanidad y los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, ha solicitado también a los/as consejeros/as de Sanidad que realizan las gestiones que consideren pertinentes para que la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente no siga “encallada“ en la Comisión de Sanidad, al no haberse presentado aún las enmiendas parciales seis meses después de ser respaldada de manera mayoritaria (312 votos a favor y solo 10 en contra) en el Pleno del Parlamento.
Además de subrayar los incuestionables beneficios que tendrá la nueva Ley en la atención sanitaria y cuidados que se presta a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía, el presidente de SATSE traslada a los responsables sanitarios de las diferentes autonomías que el retorno económico que conlleva esta norma compensa con creces la inversión que requiere su aplicación (50-60 euros por habitante al año).
En concreto, y en base a los estudios realizados, el Sindicato sostiene que un retorno de la inversión estaría provocado por la generación de empleo, que ha sido estimado en 2021 en España en un 39,3 por ciento sobre el salario bruto, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). De otro lado, y refiriéndose a los eventos adversos, el Estudio Nacional sobre los Efectos Adversos ligados a la Hospitalización (ENEAS), elaborado por el propio Ministerio de Sanidad, cuantifica su coste en cerca de 3.500 millones de euros por año, concluyendo que más de la mitad de ellos son evitables y que un 25 por ciento de los mismos se deben a infección nosocomial.
En cuanto a la repercusión en los costes sanitarios de las estancias inadecuadas en los centros sanitarios, que se relaciona en un 15 por ciento con la falta de recursos, estas conllevan un gasto anual de 880 millones de euros. En total, los costes por fallos de seguridad y por inadecuación de estancias suponen más de 4.300 millones de euros al año.
Por ello, SATSE concluye que se produce, por un lado, un retorno directo de aproximadamente 1.600 millones de euros, y, por otro, un impacto en salud que puede producir una reducción del gasto de más de 4.300 millones de euros anuales, es decir, por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente más de 1,6 euros.
A todo ello, apunta el Sindicato, habría que añadir el positivo efecto económico de la aplicación de la Ley de Seguridad del Paciente en la generación de empleo estable y de calidad dentro del Sistema Nacional de Salud y su repercusión en la economía y en lo que respecta a la generación de riqueza para el tejido social del conjunto del Estado.
Todas estas razones llevaron a SATSE a elaborar una norma que busca garantizar la seguridad del paciente en todos los hospitales, centros de salud y el resto de centros sanitarios y sociosanitarios del conjunto del Estado, a través de una asignación máxima de pacientes por cada enfermera y enfermero, y que, lamentablemente, sigue en la “sala de espera” por una falta de agilidad en su tramitación parlamentaria que ha propiciado que sean ya 16 las prórrogas registradas en el Congreso de los Diputados.
“Siendo los/as consejeros/as de Sanidad los primeros interesado/as en garantizar una atención sanitaria más segura y de mayor calidad en sus respectivos servicios de salud, esperamos que se muestren sensibles a nuestra petición y nos ayuden a lograr que España deje de ser todo un referente negativo en Europa en lo que respecta a la seguridad del paciente”, apuntan desde la organización sindical.
