El Sindicato de Enfermería, SATSE, y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se han dirigido, de manera conjunta, a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública, así como al Defensor del Pueblo, para denunciar el progresivo deterioro de la sanidad penitenciaria y demandar su traspaso a las comunidades autónomas.
En sendas cartas firmadas por el presidente de SATSE, Manuel Cascos, y el secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, ambas organizaciones sindicales trasladan a los distintos responsables del Gobierno de Pedro Sánchez que no se están cumpliendo los preceptos constitucionales de igualdad y equidad en la atención sanitaria entre las personas privadas de libertad por la existencia de numerosos problemas y deficiencias a los que sigue sin darse solución desde las diferentes administraciones públicas.
Según apuntan, dentro de los graves problemas a los que se enfrentan diariamente los profesionales médicos y de enfermería, y que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la prestación de la asistencia sanitaria, destaca el déficit de personal, que les obliga, en el caso de las enfermeras, a asumir responsabilidades y funciones que no les corresponden.
CEMS y SATSE señalan, además, que se trata de profesionales sanitarios cuyo trabajo se desarrolla en un entorno laboral que reúne especiales condiciones de peligrosidad y penosidad, al atender y cuidar a un importante número de personas con problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, enfermos mentales o pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas, entre otros ejemplos.
Una preocupante situación que, en su opinión, cambiaría si se procediese finalmente a la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas para su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud.
Por ello, ambas organizaciones sindicales insisten a los distintos ministros del Ejecutivo central que, dentro de su ámbito de actuación, colaboren para llegar a los acuerdos pertinentes con los gobiernos autonómicos que posibiliten el traspaso de la sanidad penitenciaria a lo largo de la actual legislatura.
De esta forma, se daría cumplimiento al mandato contenido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que debería haberse llevado a cabo en el plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 1 de diciembre de 2004, añaden.
Desde CESM y SATSE lamentan que el traspaso aún no se haya materializado a pesar de la infinidad de iniciativas parlamentarias presentadas a lo largo de los últimos años por parte de todos los partidos políticos, a través de su grupos parlamentarios, y recuerdan que el actual Gobierno ha manifestado de manera reiterada su compromiso de impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria.
“Este traspaso posibilitará, sin lugar a dudas, que se pueda prestar una atención sanitaria en igualdad de condiciones para la población reclusa que la que se proporciona al resto de ciudadanos por los servicios de salud autonómicos, y además que los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en los centros penitenciarios dispongan de las mismas condiciones laborales que el resto de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud”, concluyen.
En el caso del Defensor del Pueblo, SATSE y CESM le agradecen en su carta la especial sensibilidad que ha demostrado hacia los problemas que sufren las personas privadas de libertad en nuestro país y le solicitan que siga denunciado la situación existente en aras a que las administraciones públicas correspondientes den una solución definitiva a la misma.
